Hacienda se lanza a por el fraude en los fondos europeos ante el riesgo de que Bruselas retire las ayudas tras haber adjudicado 48.600 millones de euros

El Ministerio tramita una orden para regular el reintegro del dinero en caso de incumplimientos

Transcurridos cuatro años desde que llegó a España el primer euro del maná de los fondos europeos para la recuperación pospandémica, y después de que el Gobierno haya adjudicado ya 48.600 millones de euros en ayudas directas, Hacienda se lanza a por el fraude en las entidades y organismos públicos que no hayan destinado el dinero recibido a los objetivos previstos en el Plan de Recuperación. Están en juego más de 70.000 millones en transferencias que la Comisión Europea podría retirar a nuestro país en caso de detectar cualquier tipo de irregularidad.

El Ministerio que dirige María Jesús Montero está elaborando una orden con un doble objetivo. Por un lado, para regular el procedimiento de reintegro de las cantidades que no se hayan gastado o que se hayan destinado a finalidades distintas de las asignadas. Y por otro lado, para establecer "la responsabilidad derivada de la reducción de la contribución financiera a España correspondiente al Mecanismo de Recuperación y Resiliencia". Es decir, para determinar quién sería eventualmente responsable -y delimitar el alcance de esa responsabilidad- de que la Comisión Europea rebaje o retire las ayudas a nuestro país.

El Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes para la modernización de la Administración Pública y para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), establece que las entidades que ingresen transferencias, que son las canalizadoras y ejecutoras del dinero, deberán reintegrar al Tesoro todos los fondos recibidos que no vayan a destinarse a la finalidad asignada. Sin embargo, el Gobierno, hasta ahora, no ha desarrollado reglamentariamente el procedimiento para los reintegros previsto en la normativa europea.

Pese a haber pasado ya cuatro años desde que la Comisión empezó a transferir el dinero, Hacienda no ha abordado este tema hasta ahora. Y ello a pesar de que este tipo de incumplimientos pueden conllevar la retirada de fondos europeos a España. En el proyecto de orden, el Ministerio defiende la necesidad de desarrollar estos procedimientos para "salvaguardar los intereses del erario público" y "dotar de seguridad jurídica a los diversos actores implicados". Y justifica que este es "el momento oportuno" para hacerlo "por el avanzado estadio temporal en el que se encuentra la gestión de estos fondos europeos".

Según el último balance que compartió el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, el pasado mes de enero con los agentes sociales, hasta el 31 de diciembre de 2024 se habían convocado casi 77.500 millones de euros de los fondos del Plan de Recuperación, lo que significa que España ya ha convocado prácticamente la totalidad de los fondos no reembolsables asignados. Más de 49.600 millones corresponden a la Administración General del Estado y más de 27.700 a las comunidades autónomas, protagonistas también en el despliegue del Plan.

De la cantidad total, "más de 47.600 millones de euros ya se han resuelto y han llegado a la economía real, lo que supone que ya tienen beneficiarios concretos", indicaron entonces desde el Ministerio. El dato actualizado a cierre del mes superó los 48.600 millones.

Reglamento europeo
El reglamento europeo establece que la Comisión "puede suspender el pago de la totalidad o parte de la contribución financiera al Estado miembro cuando determine que no se han cumplido de forma satisfactoria las medidas del PRTR o sus hitos y objetivos" y que "transcurrido un plazo determinado sin que el Estado miembro haya tomado las medidas necesarias", puede "reducir proporcionalmente el importe de la contribución financiera y, en su caso, del préstamo".

Además, fija que "podrá reducir proporcionalmente la ayuda no reembolsable y, en su caso, recuperar cualquier importe adeudado al presupuesto de la Unión, en caso de fraude, corrupción, conflicto de intereses o doble financiación que afecten a los intereses financieros de la Unión y que no hayan sido corregidos por el Estado miembro, o de incumplimiento grave de las obligaciones derivadas del Acuerdo de Financiación suscrito entre la Comisión y el Reino de España".

El Ministerio de Hacienda reconoce ahora que la normativa en vigor en España en materia de gestión y reintegro de subvenciones y repercusión de responsabilidades ante incumplimientos de normativa europea "no es suficiente" y, ante la necesidad de cumplir con esos requisitos, ha iniciado la tramitación de esta orden, cuyo proyecto está en trámite de audiencia pública hasta el próximo 11 de marzo.

Por un lado, el Ministerio definirá cómo va a ser el procedimiento de reintegro de los fondos canalizados por entidades públicas que no hayan realizado el gasto o que hayan incumplido los objetivos previstos en los instrumentos de transferencia de dichos fondos. Y por otro lado, delimitará la "repercusión de las responsabilidades que puedan derivarse de la declaración por parte de la Comisión Europea de la reducción de la contribución financiera que le corresponde a España en el marco del MRR".

El plazo para ejecutar los fondos Next Generation EU finaliza el 31 de agosto de 2026. Hasta la fecha, España es el país con más hitos y objetivos de transferencias cumplidos en términos absolutos y el que más fondos no reembolsables ha recibido de toda la Unión Europea.

Cristina Alonso