Bruselas investiga el fraude de 465 millones con fondos europeos en España

Bruselas investiga el fraude de 465 millones con fondos europeos en España

La Fiscalía Europea mantiene abiertas 75 investigaciones en España por presunto fraude de fondos comunitarios, con un daño estimado de 464,8 millones de euros, según el informe anual publicado este lunes por el organismo europeo. El 64 % de lo expedientes fueron abiertos en 2024 –concretamente 48– con un daño estimado de 2165,5 millones de euros.

El informe recoge la actividad de la Fiscalía Europea durante el pasado 2024 y advierte que en el total de la Unión Europea (UE) a finales de 2024 había en curso 2.666 investigaciones, un 38 más que el año anterior, por un daño estimado de 24.800 millones de euros –un 22,5 % más que en 2023–. Más de la mitad de los daños estimados –13.150 millones de euros– están relacionados con el fraude transfronterizo del IVA, con la participación casi sistemática de organizaciones delictiva, suponiendo un importante riesgo para la seguridad interior.

A finales de 2024, la Fiscalía Europea tramitaba 311 casos activos relacionados con los NextGenerationEU –aquellos que se otorgaron para hacer frente a la crisis de la pandemia–. Se estima que el daño a los intereses financiero de la UE asciende a 2.800 millones de euros, lo que representa el 30 % del daño total estimado por fraude en las subvenciones, una cifra que se espera que vaya en aumento.

En el caso de España, el 41,73 % de las investigaciones están relacionadas con el fraude en los gastos no relacionados con la contratación pública. Es decir, aquellos que se han cometido por la entrega de documentos incompletos, incorrectos o falsos.

El 10,79 % de las investigaciones son por fraude en los casos de contratación pública; el 10,07 % realizados por organizaciones delictivas y un 9,35 % tienen que ver con el fraude del IVA. Estos últimos suponen un daño para las arcas públicas de 227 millones euros.

La mayoría de las investigaciones afectan a programas de desarrollo agrícola y rural (17), seguidos de otro tipo de programas que son dudosos (12) y programas de desarrollo regional y urbano (8).

Más del 74 % de las denuncia (el 74,58 %) vienen a través de empresas privadas, seguidas de las autoridades nacionales (17,5 %) e instituciones europeas (7,92 %).

Claudia Cid